A partir del 2012, la autonomía universitaria debe ser una libertad garante, que conlleva el retorno de la educación superior como un bien público, y por ende, la rendición de cuentas, así como unas instituciones de educación superior sujetas a controles de calidad.
La aptitud se vuelve un eje central, parte de aquella tríada que incluye la democratización del sector –tanto en cuanto al acceso y a la igualdad de congruencias mediante la gratuidad de la educación de tercer nivel- como en la democratización de las prácticas docentes; y la pertinencia, para que la educación superior sea un pilar del desarrollo futuro del país, del cambio de la matriz productiva planteado en la Constitución de 2008 y en el Plan Nacional para el Buen Vivir.
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